Israel vive una ola de protestas ciudadanas contra los planes del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu de debilitar el poder judicial, una medida que sus críticos ven como un intento de socavar la democracia y la separación de poderes. Miles de reservistas militares han emitido un ultimátum al gobierno para que detenga la legislación, que permitiría al parlamento anular muchas decisiones del Tribunal Supremo y controlar los nombramientos de los jueces. Los manifestantes también piden la renuncia de Netanyahu, quien está siendo juzgado por corrupción en tres casos diferentes.

¿Qué propone el gobierno?

Netanyahu, que forma parte del partido conservador Likud, formó un gobierno de coalición de derecha en diciembre de 2022, tras cuatro elecciones inconclusas en dos años. Entonces anunció que volvería a su cargo de primer ministro, el más longevo de la historia de Israel. Su gobierno, considerado el más derechista del país, anunció que introduciría una reforma judicial para contrarrestar lo que consideraba una creciente influencia del sistema judicial en la política. La reforma daría al parlamento, o Knesset, la capacidad de invalidar las sentencias del Tribunal Supremo que declararan inconstitucionales las leyes aprobadas por la mayoría parlamentaria. También daría a los legisladores gobernantes más control sobre los nombramientos de los magistrados del alto tribunal.

¿Por qué se oponen los ciudadanos?

Los opositores a la reforma consideran que se trata de un intento de concentrar el poder en manos del ejecutivo y el legislativo, y de socavar la independencia y el equilibrio del poder judicial, que es el garante de los derechos humanos y las libertades civiles en Israel. También acusan a Netanyahu de querer protegerse de sus procesos judiciales, que podrían llevarle a la cárcel si es declarado culpable. Los manifestantes exigen que Netanyahu dimita o se aparte temporalmente del cargo mientras dure su juicio, y que se convoquen nuevas elecciones.

¿Qué papel juega el establishment de defensa?

El establishment de defensa israelí, que incluye a las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y los altos mandos retirados, ha expresado su preocupación por la reforma judicial y su apoyo al Tribunal Supremo. Miles de reservistas militares firmaron una carta abierta al gobierno en la que le daban un plazo hasta el 31 de julio para retirar la legislación, o de lo contrario se negarían a cumplir con sus obligaciones como reservistas. Los firmantes argumentaron que la reforma pondría en peligro la seguridad nacional y la cohesión social de Israel, y que erosionaría los valores democráticos y el estado de derecho. El ministro de Defensa, Benny Gantz, líder del partido centrista Azul y Blanco, socio minoritario de la coalición gobernante, también se opone a la reforma y ha amenazado con romper el gobierno si sigue adelante.

¿Qué consecuencias puede tener la crisis?

La crisis política y social que vive Israel es una de las más graves de su historia reciente. Las protestas han movilizado a cientos de miles de personas en todo el país, desde Tel Aviv hasta Jerusalén, pasando por Haifa y Beerseba. Los manifestantes han bloqueado carreteras, ocupado plazas y rodeado el parlamento y la residencia oficial del primer ministro. La policía ha reprimido duramente algunas movilizaciones, usando gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma. Se han registrado enfrentamientos entre partidarios y detractores de Netanyahu, así como actos de violencia contra periodistas y activistas. La situación se ha agravado por la pandemia del coronavirus, que ha golpeado duramente la economía y la salud pública de Israel.

La crisis también puede tener repercusiones en el ámbito internacional. Israel es un aliado estratégico de Estados Unidos en Oriente Medio, y su estabilidad es clave para la seguridad regional. La reforma judicial podría afectar a las relaciones entre ambos países, especialmente si el presidente estadounidense Joe Biden decide presionar a Netanyahu para que la abandone. Además, la reforma podría dificultar la reanudación del proceso de paz con los palestinos, que lleva estancado desde 2014. El Tribunal Supremo ha sido el encargado de revisar la legalidad de las políticas israelíes en los territorios ocupados, como la construcción de asentamientos o la demolición de casas palestinas.

¿Qué puede pasar ahora?

El futuro de la reforma judicial y del gobierno de Netanyahu depende en gran medida de lo que ocurra en el parlamento y en las calles. El Knesset tiene previsto votar la legislación en las próximas semanas, pero aún no está claro si cuenta con el apoyo suficiente para aprobarla. Algunos diputados de la coalición gobernante han expresado sus dudas o su rechazo a la reforma, y podrían abstenerse o votar en contra. Por otro lado, las protestas ciudadanas podrían aumentar la presión sobre el gobierno y obligarlo a reconsiderar sus planes. También podrían influir en la opinión pública y erosionar el apoyo popular a Netanyahu y a su partido. Si la crisis se prolonga o se agrava, podría desencadenar una ruptura de la coalición gobernante, una moción de censura o unas nuevas elecciones.

Fuentes:

¹: Israel’s judicial overhaul pits defense establishment against Netanyahu - The Washington Post ²: Here’s why Israelis are protesting Benjamin Netanyahu’s judicial overhaul plan - ABC News ³: How Netanyahu’s judicial overhaul plan sparked massive turmoil in Israel - PBS